El Real Decreto 1026/2024, publicado el 8 de octubre de 2024, desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, en desarrollo de la Ley 4/2023. Esta normativa tiene como objetivo garantizar un entorno laboral inclusivo y respetuoso para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
¿A qué empresas afecta?
El citado Real Decreto establece que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a implementar medidas específicas para garantizar la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI. Esta obligación se extiende a todas las personas trabajadoras, incluyendo aquellas con contratos temporales y a tiempo parcial.
Medidas obligatorias a implementar
Las empresas afectadas deben adoptar varias medidas de forma obligatoria, entre las que destacamos las siguientes:
- Protocolo contra el acoso y la violencia: Establecer un protocolo específico para prevenir y actuar ante situaciones de acoso o violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Este protocolo debe ser aplicable no solo a los empleados, sino también a los candidatos, proveedores, clientes y visitantes.
- Formación obligatoria: Ofrecer formación a toda la plantilla sobre derechos LGTBI, con especial enfoque en la igualdad de trato y la no discriminación. Esta formación debe incluir contenidos sobre el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia.
Las empresas deben construir una comisión negociadora para abordar la implementación de estas medidas. El plazo para constituir esta comisión varía según la situación de la empresa:
- Empresas con convenio colectivo o representación legal de los trabajadores: Deben constituir la comisión negociadora antes del 10 de enero de 2025.
- Empresas sin convenio colectivo ni representación legal de los trabajadores: Tienen un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, hasta el 10 de abril de 2025, para constituir la comisión negociadora.
Para garantizar el cumplimiento de esta normativa y promover un entorno laboral inclusivo, es recomendable que las empresas cuenten con el asesoramiento de profesionales. Además, la colaboración con organizaciones especializadas en diversidad e inclusión puede ser de gran ayuda en este proceso.
Si necesitas más información o asesoramiento específico sobre cómo implementar estas medidas en tu empresa, no dudes en consultarnos, pues en Gescan podemos ayudarte a dar cumplimiento legal.